Leo en "No al cierre de Webs" el siguiente titular:
Cultura espera tener aprobada la Ley de Descargas antes de Navidad
La Ministra de Cultura, Ángeles Gónzalez Sinde, afirma que en la próxima primavera se podrían comenzar a controlar las webs que permitan la descarga de archivos
RAMÓN IGLESIAS 16-10-2010
En otra de las entradas de esa misma web, firmada por David Bravo, podemos leer este fragmento:
"La que se ha venido en llamar Ley Sinde es una de las mayores burlas a nuestro sistema de Derecho. La industria, que viene chocándose contra las resoluciones judiciales favorables a las páginas de enlaces día sí día también, ha encontrado un atajo para combatirlas: obviar a los tribunales. La expresidenta de la academia de cine, cuya industria ha perdido juicio tras juicio contra este tipo de webs, cumple los deseos de su gremio y hace desaparecer a los jueces con un chasquido de dedos.
Mientras los tribunales siguen dejando claro que las páginas de enlaces no infringen derechos de propiedad intelectual, la Ley Sinde continúa su paseo triunfal hasta su aprobación."
No está de más rescatar el "Manifiesto de los derechos fundamentales en internet" que comenzó a difundirse por la red el año pasado y que reproduzco a continuación:
Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet”
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.
¿Vamos a permitir el cierre de webs y medios de comunicación sin orden judicial?
¿Vamos a consentir la creación de comités de expertos censores, seleccionados a dedo por la industria multinacional del entretenimiento?
Pero, ¿qué está pasando aquí? ¿me lo puede explicar alguien?
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